La tormenta y el vaso de agua

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La famosa polémica sobre el veto del poder Ejecutivo hacia las leyes y decretos aprobados por el Legislativo se parece un poco a la tormenta en el vaso de agua.

 

La mayor parte de las modificaciones al texto legal no se conocen públicamente y eso ha posibilitado la proliferación de versiones no confirmadas, o en el peor de los casos, bastante desinformadas y malintencionadas, para propiciar una gran paradoja en la que algunas fuerzas políticas se arroguen de facto la facultad para vetar la facultad de veto (aunque suene a trabalenguas) ya contemplada en la Constitución.

 

Lo que sí es cierto, es que el Congreso actual está en su derecho de legislar sobre las materias que integran su agenda, de la misma manera que la siguiente legislatura estará también en su derecho de hacerlo. Y eso incluye, desde luego, acogerse a la controversia constitucional para echar atrás lo que sus antecesores hayan aprobado.

 

Mientras tanto ya hubo manifestaciones del sector empresarial apoyando la reforma, y también posicionamientos del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y el de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en ese sentido.

 

Hay, por otro lado una intención de frenar la iniciativa de reforma constitucional presentada hace un par de semanas, y que fue retirada a sugerencia de la propia gobernadora del estado, debido a las movilizaciones convocadas por Morena.

 

De hecho, ayer circuló una convocatoria a militantes y simpatizantes de Morena, y a la ciudadanía en general, para acudir al Congreso desde las seis de la mañana “para exigir de manera pacífica que quiten del orden del día todo tema que pretenda tocar la Constitución del estado de Sonora”.

 

En realidad, quienes se reunirán este martes son los integrantes de la Diputación Permanente, para convocar a una sesión extraordinaria fijada para el miércoles a las ocho de la mañana. Y efectivamente, en el orden del día viene incluida la iniciativa de reformas constitucionales, tan polémica como desconocida por muchos de quienes a priori, han manifestado su rechazo a la misma.

 

El punto que más ruido ha desatado, de acuerdo a la convocatoria difundida ayer por el Comité Municipal de Morena, es que esa iniciativa tiene como objetivo principal “darle a la gobernadora el derecho de veto, es decir, darle el poder de invalidar todo lo que apruebe el Congreso, que dicho sea de paso, los próximos diputados que lo integrarán son la mayoría de la coalición Juntos haremos historia, esto quiere decir que ya no tendrá un Congreso que le sirva de tapadera y mucho menos de comparza” (sic).

 

Al margen del lapidario reduccionismo de la convocatoria, conviene precisar algunas cosas.

 

El artículo que alude a la ruta que siguen las leyes y decretos en la relación Legislativo-Ejecutivo, permanece intocado en la iniciativa de reforma. No se le cambia ni una coma.

 

Se trata del artículo 57 que a la letra dice: Se reputará (considerará) aprobado por el Ejecutivo todo Proyecto de Ley o de Decreto no devuelto con observaciones al Congreso, o en su receso a la Diputación Permanente, en el término de diez días hábiles.

 

El Congreso o la Diputación Permanente podrán ordenar la publicación de las leyes o decretos si el Ejecutivo no lo hace dentro de los ocho días siguientes al vencimiento del término fijado para hacer observaciones, o el día en que reciba la Ley o Decreto confirmados por aquella asamblea.  En este caso se harán constar las circunstancias que lo motiven.

 

La creación, reforma, adición, derogación u abrogación de leyes o decretos expedidos por el Congreso del Estado podrán ser sometidos a referéndum, conforme a los términos y condiciones establecidas en la Ley de la materia.

 

Ese artículo no tiene modificación alguna. No se toca.

 

El asunto viene por otro lado. Lo que se propone modificar son otros artículos. Veamos.

 

El Artículo 64, que se refiera a las facultades del Congreso, en su fracción XIII que se refiere a la supresión de municipios que carezcan de elementos bastantes para proveer a su existencia política, siempre que la supresión sea aprobada por las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

 

La reforma plantea que para suprimir uno o varios municipios, debe haber un referéndum previo en los mismos y se deberá oír tanto a los ayuntamientos implicados y al Ejecutivo estatal, pudiendo éste último vetar la decisión en los términos de esta Constitución.

 

El veto del Ejecutivo tendría vigencia, pues, en caso de que el Congreso decidiera desaparecer uno o varios municipios.

 

También se propone modificar la fracción XVII del Artículo 64 que actualmente dice: (El Congreso tiene facultades) “Para constituirse en Colegio Electoral y elegir al ciudadano que debe substituir al Gobernador en sus faltas absolutas, temporales o definitivas y en sus ausencias temporales cuando éstas excedan de noventa días”.

 

A este texto se le agrega: “A fin de respetar la voluntad popular, el ciudadano que sea designado por el Congreso, en su carácter de Colegio Electoral, deberá ser a propuesta del grupo parlamentario del partido que postuló al gobernador, salvo el caso de candidaturas independientes”.

 

La modificación al texto constitucional pues, tiene lógica, considerando que si en el futuro hay un gobernador o gobernadora emanado de Morena, del PAN, o de cualquier otro partido, es justo que sea la bancada de ese partido quien proponga un sustituto en caso de que se cumplan las condicionantes referidas anteriormente.

 

También plantea un agregado a la fracción XVIII que en el texto vigente dice: “Para aprobar o rechazar los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, que sean hechos por el Ejecutivo”.

 

A este texto se le agrega: “Vencido el periodo de su encargo, los Magistrados que se encuentran en funciones seguirán ostentando el cargo hasta en tanto el Congreso apruebe en forma tácita o expresa el nuevo nombramiento realizado por el Ejecutivo”.

 

A la fracción XXII se le cambia sólo una palabra: “reprobar” por “rechazar”, quedando como sigue: “Para discutir, modificar, aprobar o rechazar el Presupuesto de Ingresos, así como el Presupuesto de Egresos del Estado, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo, en forma física y en formatos electrónicos de fácil manejo, incluyendo los anexos y tomos del proyecto del Presupuesto de Egresos”.

 

Aquí se hace un agregado importante para obligar al Ejecutivo a presentar al Congreso la información técnica y financiera que corresponda a cada proyecto, cuya afectación presupuestal multianual deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados.

 

Además, establece que cada proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Congreso deberá incluir una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto, para sujetarse a la capacidad financiera del estado.

 

En el mismo sentido, toda propuesta o creación de gasto presupuestario debe acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al financiamiento, o compensarse con reducciones en previsiones del gasto.

 

Esto también tiene lógica, considerando que los diputados suelen presentar iniciativas de relumbrón, pero sin sustento financiero. El ejemplo más a la mano que se me ocurre en estos momentos es la de Vernon Pérez Rubio en la pasada legislatura, para contratar un sicólogo en cada plantel escolar del estado. Suena bien y es necesario, pero nunca dijo de dónde saldría el recurso para pagar a esos profesionales.

 

También se agregan criterios para designar o remover a los funcionarios del Congreso, otorgándole facultades al Tribunal de Justicia Administrativa para determinar causas graves que ameriten dichas remociones.

 

Hay algunas otras modificaciones y agregados que sería largo enumerar aquí, pero que en general están orientadas a redefinir algunas facultades y atribuciones de los tres poderes de Estado, acordes a la nueva correlación de fuerzas políticas, así como un artículo (146) para eliminar el fuero a todo servidor público.

 

 

II

 

A través del DIF Sonora, el gobierno del estado entregó ayer las primeras 476 becas para personas con alguna discapacidad física (sobre todo niños y niñas), de las 971 que se entregarán este año con un monto global de más de seis millones de pesos.

 

Con esto se trabaja en la construcción de un Sonora más inclusivo, contribuyendo al bienestar de los beneficiarios al brindarles las herramientas necesarias para elevar su calidad de vida, incentivándolos para salir adelante y tener un mejor desarrollo junto a sus familias.

 

Se trata de 198 becas de atención temprana para niños de cero a seis años de edad; 220 becas educativas para alumnos de primaria hasta universidad; 29 becas especiales para personas que por su condición no pueden desarrollar alguna actividad de tipo educativa, deportiva o laboral.

 

También 29 becas de impulso deportivo para beneficiar a atletas como Mariana Sofía Ramírez López, integrante del equipo de natación de la Ola Roja, que le permitirá asistir a distintos eventos, como la Paralimpiada Nacional, a efectuarse del 24 al 28 de agosto en el estado de Colima.

 

La gobernadora Claudia Pavlovich, acompañada de la presidenta de DIF Sonora, Margarita Ibarra de Torres hizo entrega de estos estímulos que la propia gobernadora definió como “un granito de arena, pero que ayuda en la economía de sus familias para impulsar a sus hijos y sacarlos adelante”.

 

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