Justicia en el Isssteson. Y el affaire Morena-Uniradio

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Dos meses después de anunciado, comienza a tomar forma el llamado Plan Pro5, en cuyas acciones se contempla la contención legal de la nivelación de pensiones, que no es otra cosa que un programa de nivelación justa, frente a la desigualdad en las pensiones, así como enfrentar en tribunales a un grupo de aproximadamente 50 jubilados que llegaron a pensionarse hasta con 150 mil pesos mensuales.

El 14 de marzo pasado, Pedro Ángel Contreras Pérez, recién estrenado director General del Isssteson anunció el Plan Pro5, que integra un paquete de medidas para garantizar la prestación de los servicios, el abasto de medicamentos, el pago de pensiones y para frenar la espiral descendente en la que la institución entró desde hace varios años y que la mantiene al filo de la quiebra técnica, según se dijo en la rueda de prensa cuando se dio a conocer el plan.

Ayer se anunció la instalación de una mesa de negociaciones con jubilados que no pertenecen a esa casta dorada de exfuncionarios (algunos siguen en la nómina estatal o federal) que lograron en algunos casos inexplicablemente, pensiones que le cuestan al Instituto más de 50 millones de pesos al año.

Pedro Ángel Contreras citó un par de casos en los que los jubilados pretenden una nivelación hasta por cien mil y 135 mil pesos mensuales, cuando es imposible que eso ocurra, pues nadie en el gobierno del estado tiene ni ha tenidos esos sueldos y por tanto, no pudieron haber cotizado sobre ese ingreso.

Contreras Pérez fue duro en sus palabras al definir a esas personas como quienes “quieren causarle daño a la institución por su ambición desmedida y por su pretensión de tener pensiones escandalosas”.

Por otro lado existe un contingente mucho más amplio que están pidiendo una nivelación razonable, toda vez que pudieron cometerse errores de cálculo y esos son los casos que se abordarán en la mesa de negociaciones que se instalará este lunes en las oficinas centrales del Isssteson En este grupo se encuentran policías, enfermeras, secretarias y personal de intendencia.

Es decir, habrá un trato diferenciado para quien pudo ser victima de dichos errores de cálculo y legítimamente piden una nivelación justa, y quienes aprovechándose de coyunturas políticas del momento maniobraron para conseguir pensiones millonarias con las que el Instituto no puede cumplir, sin tener que descuidar otras áreas importantes como son el abasto de medicamentos y la prestación de servicios.

Por tratarse de un litigio, el director del Isssteson no reveló nombres, pero en diferentes espacios periodísticos se ha mencionado con insistencia a Wenceslao Cota Montoya, actual delegado de Gobernación en Sonora; José Inés Palafox, ex secretario de SIDUR; Carlos Tapia Astiazarán, ex Oficial Mayor; Max Gutiérrez Cohen, Ignacio Islas, Rolando Antonio Zayas (estos tres ex magistrados del poder Judicial); y Marla María Ruiz Figueroa, tía de la ex directora del Instituto, Teresa Lizárraga.

A principios de este mes, se presentó una demanda por fraude contra ese grupo de exfuncionarios abusivos.

Como se recordará, el Plan Pro5 consta de los siguientes puntos.

• Mediante un apoyo extraordinario del Gobierno del Estado la inversión urgente para estabilizar el abasto de medicamentos y servicios subrogados.

• Contener legalmente la nivelación de pensiones.

• Actualizar convenios con ayuntamientos y organismos.

• Iniciar la recuperación de Fondo de Pensiones y el pago de deuda vendiendo activos públicos mediante un fideicomiso.

• Optimizar uso de infraestructura hospitalaria (Guaymas y Nogales).

• Aumentar el ingreso mediante cobranza de adeudos con organismos de pago directo y recuperación de adeudos históricos con el instituto.

• Reducir gastos del instituto en áreas no sustantivas, haciendo más con menos.

En ese sentido, ya se han puesto en operación varias medidas: se rescindieron contratos a médicos subrogados que no ofrecían resultados a la derechohabiencia y ofrecían el servicio externamente; se trabaja en priorizar y regularizar los pagos de convenios con hospitales y médicos subrogados; se supervisa más estrictamente el cumplimiento de horarios; se modificó el reglamento para evitar abusos en las solicitudes de incapacidades.

Con todo esto se han logrado ahorros hasta de 50 millones de pesos anuales, y 39 millones más al retomar el control de las farmacias.

Asimismo, se ha puesto en marcha un plan para que Ayuntamientos y organismos afiliados liquiden sus adeudos y se aplica un programa más estricto de cobranza para la recuperación de adeudos históricos.

 

II

¿Cuál es la idea de algunos candidatos, de reñir con empresas de comunicación y con periodistas?

Quizá sea falta de propuestas y de agenda, pero quizá sea algo más grave: el asomo de una vena intolerante que, en la soberbia de saber que tienen asegurado un cargo público, más por el efecto de la ola Peje que por sus propios méritos, perfilan desde ya una vocación persecutoria, censora, autoritaria y muy, pero muy poco democrática.

El caso de Lilly Téllez y Alfonso Durazo es proverbial. Su más reciente sainete lo protagonizaron contra la empresa Uniradio, de Gustavo Astiazarán, y en un inicio también contra el imparcial (minúsculas deliberadas), aunque después reconsideraron y lo sacaron de su agenda de linchamiento.

El motivo, la cancelación de un debate programado para el pasado viernes, al que declinaron asistir, primero, la fórmula de la coalición que encabeza el PRI, y luego la de la coalición que encabeza el PAN.

En su ofensiva, Lilly y Alfonso enviaron, voluntaria o involuntariamente, a las feroces huestes morenistas a linchar al colega y amigo Juan Carlos Zúñiga, que sería el moderador de ese fallido debate, y que todavía no alcanzaba a reponerse de otro linchamiento por aquel desatinado comentario con el que llamó “Nalgas Prontas” al arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón.

Aunque sobre la marcha intentaron corregir el desbarre, aduciendo que el problema no era con el periodista, sino con la empresa, sólo le echaron más gasolina al fuego, poniendo en riesgo hasta la fuente laboral del colega. Y es que al reconocer a Juan Carlos como un periodista serio en una empresa “chayotera y sumisa”, prácticamente dicen que tal empresa no lo merece.

Este affaire obligó a Zúñiga a salir y recordar en su cuenta de Twitter, los abundantes espacios que se les han otorgado a esos candidatos (me atrevería a decir que más que a otros), pero al final, el colega volvió a quedar en el fuego cruzado.

Ignoro (aunque lo sospecho) quién está asesorando a los candidatos de Morena en el abordaje de su relación con los medios, pero a juzgar por el odio y la revancha que destilan, y a su atrabiliario y desolotado proceder, así como “la narrativa” de sus desplantes, parece claro el origen.

¿Frente a qué estamos? Pues frente a esa doble moral y esa hipocresía que pontifica sobre apertura, democracia, transparencia y honestidad, pero censura, impone, oculta, manipula; que abomina de las unanimidades, salvo en el caso de que esa unanimidad tenga que ser sobre sus propuestas.

Ojo con eso.

 

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