Un gobierno ineficaz y corrupto, crea leyes para justificarse

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DE FONDO, quizá no había necesidad alguna de crear la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus representaciones en cada una de las entidades del país, pero la moda mundial en 1990 obligó al entonces Presidente Salinas de Gortari a generarlas y meter a México en la defensa de los derechos individuales.

Y quizá no había necesidad de crearla porque la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes sobre la materia, ya contemplaban las sanciones para los funcionarios públicos que cometieran excesos en sus funciones. ¿Qué han hecho las comisiones nacional y estatales de derechos humanos?, “castigar” mediáticamente a algunos funcionarios y avalar atrocidades del gobierno.

En el caso del “Fuero” y su llevada y traída por algunas organizaciones políticas en busca de clientelismo electoral, la ignorancia es la que mueve al eco en las exigencias de su desaparición.

La Constitución define muy bien el “Fuero” y contempla un procedimiento para “desaforar” a quien cometa uno o varios delitos al ocupar un cargo de elección popular. La historia reciente nos habla cuando menos de tres casos de desafuero en los últimos 35 años.

En nuestros días acaba de ser aprobada por el Congreso de la Unión una Ley de Seguridad Interior cuyo objetivo fundamental es garantizar la presencia de nuestras fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y, desde luego, regular su operatividad en esa función específica.

No había, de ninguna manera, necesidad de establecer una Ley en ese sentido. La Constitución Política de México establece al titular del Poder Ejecutivo la comandancia suprema de las fuerzas armadas y la Ley Nacional de Seguridad Pública regula en parte las funciones del ejército en las calles, “de manera temporal”, porque se ha reiterado demagógicamente hasta el cansancio, que la presencia de los soldados en el combate al crimen tendrá un término “ya que su lugar está en los cuarteles”.

Asimismo, hace apenas unos cuantos días se aprobó en la Cámara de los Diputados una reforma al Código Civil, para ampliar el daño moral en aquellas personas que utilizando cualquier medio, incluidas las redes sociales, afecten en su honor y prestigio a otra persona moral, o física.

El Código Civil ya contemplaba en su redacción, que cuando la crítica sea resultado del ejercicio profesional de la Libertad de Expresión, el daño moral no podría acreditarse.

Ahora, no se hizo alusión alguna a esta última precisión, de tal manera que a partir de esta reforma cualquier persona o empresa puede demandar a un periodista que utilice la crítica y correrá el riesgo de ser sancionado indemnizando al “afectado”.

Sin duda alguna, estos ejemplos que hemos expuesto en este breve espacio, nos dibujan el agotamiento de un sistema que tiene encima una avalancha de ilegalidad y de impunidad. Los gobernantes juramentaron cumplir y hacer cumplir la Ley, pero no lo hacen y buscando justificar su incapacidad, ser ponen a hacer nuevas leyes con el grave riesgo de brindar instrumentos jurídicos a quienes, intolerantes, la pueden emprenden contra sus enemigos, en la calle, o en los tribunales.

Guardadas las proporciones, si Andrés Manuel López Obrador es el próximo Presidente de México, ya cuenta con una Ley para enviar al ejército a las calles cuando se dé cualquier manifestación en contra de su gobierno.

Sin guardar las proporciones porque la realidad supera a las “teorías del complot”, con esa reformas al Código Civil cualquier líder de opinión que utilice las distintas plataformas de las redes para hacer llegar su crítica, estará sujeto a ser sentado en un  banquillo de los acusados en un tribunal civil, bajo la amenaza de pagar millones de pesos por indemnizar a un funcionario público o institución, obligado en realidad a fomentar la crítica.

Palabras más, palabras menos, esta reforma al Código Civil es un abierto intento de callar voces críticas, porque antes de la reforma ya el Código hablaba del Daño Moral y del dolo, como nexo causal esencial para establecer el ilícito. Hoy, se ha generalizado el concepto.

En el caso de la novedosa Ley de Seguridad Interior, lo único que está exhibiendo el Gobierno mexicano es su incapacidad a través de los cuerpos de seguridad establecidos para el combate al crimen, su incapacidad para hacerlo.

Sin duda, son estertores de un sistema político mexicano, agotado, pero a la vez, muy arriesgado y muy peligroso.

Tan peligroso que otorga armas ya a quien pretenda sostenerse en el poder, aún saliéndose de la Ley. ¿Pues qué esperan en el 2018, un levantamiento popular después de la jornada electoral?