¿Cuánto cuesta la defensa de Pancho Platas?

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Acudimos ayer, puntuales, a un juzgado federal a donde fuimos citados una veintena de personas para declarar en torno al caso de Francisco Monge Araiza, el titular del Consejo Estatal para la Concertación de Obra Pública, detenido el 23 de septiembre del año pasado.

Desde junio de ese año, había trascendido que el ex funcionario tenía una orden de aprehensión en su contra, aunque no se sabía los delitos que se le imputaban. Lo aprehendieron el 11 de septiembre y salió libre bajo fianza. Luego fue reaprehendido cuando circulaba en su camioneta, donde los agentes habrían encontrado drogas y un arma.

También pagó una fianza de 2.5 millones de pesos y actualmente enfrenta su proceso en libertad. El también ex alcalde de Moctezuma está siendo procesado por delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, portación de arma de uso exclusivo del ejército, delitos contra la salud (se le encontró en posesión de 10 gramos de la droga conocida como crystal, y por cohecho, ya que los agentes que lo detuvieron sostienen que el imputado les ofreció 3.5 millones de pesos por dejarlo ir.

A Pancho Platas, como también se le conoce, lo defiende el despacho Regino Abogados, una firma de penalistas que tienen sedes en Hermosillo, Ciudad de México, San Pedro Garza García, Nuevo León, y Zacatecas.

Presentes en la audiencia, siete u ocho abogados de esa firma, que llevaban hasta maquetas de su residencia, donde presuntamente fue aprehendido la segunda vez.

Con esta, son tres las audiencias a las que se ha citado, y ninguna se ha llevado a cabo por ausencia de diferentes personas que fueron citados como testigos. Ayer faltaron tres agentes estatales y un perito, de manera que la audiencia se reprogramó para el 19 de diciembre.

El dinero no parece ser un problema para este ex funcionario, y los más contentos con la reprogramación de audiencias deben ser sus abogados, ya que entre más pase el tiempo, ellos siguen cobrando sus honorarios, que no deben ser nada modestos. Pero bueno, lana hay.

 

II

Y a propósito de ex funcionarios presos que están pagando millones y millones por su defensa, nos informan que en los próximos días la PGR interpondrá un recurso de revisión para combatir el amparo que un juez otorgó a Guillermo Padrés para librarlo del delito de delincuencia organizada.

El recurso se basa en los criterios dispares utilizados por el juez que consideró la existencia de elementos de prueba suficientes para imputarle delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, y otro que le otorgó el amparo tan festinado por sus huestes. Por cierto, me dicen también que ese juez, Alberto Roldán Olvera está siendo investigado por este y otros casos en los que ha concedido amparos para librar a verdaderas ‘fichas’  de las imputaciones que se les hacen, entre ellas, destaca el caso de la maestra Elba Esther Gordillo.

Por eso comentábamos en anteriores despachos, que las campanas al vuelo que dejaron repicar los padrecistas cuando se enteraron de ese amparo, no deberían sonar con tanto brío, pues al caso del ex gobernador todavía le falta mucho.

 

III

Con el mes de noviembre, los titulares de las dependencias gubernamentales deben estar por terminar de arrastrar el lápiz, ajustando las cuentas para la compilación final de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2018.

La buena noticia es que el próximo año no habrá nuevos impuestos ni se incrementarán los ya existentes, de acuerdo a lo que adelantó ayer la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al hablar sobre el paquete fiscal 2018.

Por otro lado, anunció que en esa misma lógica de hacer más con menos, se realizarán ajustes a la baja en prácticamente todas las áreas de gobierno, con excepción de las más importantes para los ciudadanos, como son Seguridad, Educación y Salud.

Eso seguramente implicará la optimización de recursos en el gasto corriente, complementando esto con una mayor eficiencia en la recaudación fiscal, aprovechando el desarrollo tecnológico para generar mecanismos de cobro más cómodos para los contribuyentes, como son los trámites en línea.

Una palabra clave en este tema, es la confianza. Confianza en que los recursos públicos tienen buen destino y no van a perderse en los intrincados vericuetos de la corrupción que tanto daño hizo en el pasado.

Y esa confianza queda de manifiesto en los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, que este año sólo tuvo observaciones por 15 millones de pesos en los fondos federales que administra el estado, cuando en años anteriores esa cifra llegó a superar los mil 200 millones de pesos.

La reconstrucción, pues, también pasa por la eficiencia y la transparencia en el manejo del presupuesto, y la recuperación de la confianza ciudadana.

 

IV

Clase de espaldarazo el que acaba de recibir la llamada Ley Pano por parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez, al considerar que aun siendo debatible, como todas las leyes, atiende un reclamo, una irritación social innegable, producto de los beneficios que gozan los autores de robos a casa habitación, autos y negocios.

La Ley Pano, presentada recientemente por el coordinador parlamentario del PRI, Epifanio Salido Pavlovich establece la pena de prisión preventiva para quien cometa esos delitos, lo que ha desatado comentarios a favor y en contra, de parte de abogados y organizaciones sociales.

Al respecto, el magistrado presidente sostuvo: “Respeto mucho a quienes aparentemente han emitido opiniones discordantes, respeto mucho a la Barra de Abogados, el Supremo Tribunal lleva una gran relación con ella, y también con nuestros amigos del posgrado de Derecho, pero nuestras trincheras son distintas, ellos no tienen la responsabilidad, no tienen en sus manos la seguridad de la población, nosotros sí, el Congreso también, el Ejecutivo del Estado también, luego, posiblemente en una puridad académica y muy estricta, sea discutible por lo menos la iniciativa del Pano”.

Lo peor que pudo haber pasado, explicó Gutiérrez Rodríguez, es quedarse sin hacer nada frente a una realidad que está lastimando a los sonorenses, especialmente a quienes se ven afectados en su seguridad y su patrimonio, por delincuentes que el Nuevo Sistema de Justicia Penal deja libres tras un acuerdo reparatorio al que ni siquiera se le da seguimiento.

Si los puristas del nuevo sistema creen que un robo no altera la salud mental de las víctimas, es que nunca les han robado en su casa, dijo.

El debate está abierto.

 

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