Carta a diputados locales electos

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Por Bulmaro Pacheco:

Señoras y señores diputados locales electos:

La LXI Legislatura del Congreso local de Sonora,la de ustedes, inicia sus sesiones el próximo 16 de septiembre con una agenda muy cargada de trabajo. Con independencia del partido al que pertenezcan,deberán registrar que, como nunca, se ha dado el quebrantamiento jurídico, moral y administrativo de las principales instituciones del Estado, empezando por la falta de respeto al propio Congreso. Como prueba de ello, y por primera vez, ahí están los trabajadores del Poder Legislativo reclamando sus quincenas atrasadas. Una humillación más, y una muestra del desdén y el desprecio al Estado de derecho por parte del gobierno que se va.

Llegan ustedes al Congreso en medio de la peor crisis de confianza en las instituciones estatales que se recuerde. Tiene fondo y se ha agudizado. La crisis de Confianza y de la moral pública en Sonora-por ahora- es más grave y va Más allá de los escándalos de los dineros perdidos y gastos desviados de la administración estatal que a cada rato se denuncian.

Porque para la crisis financieras hay soluciones financieras,judiciales y de gasto,eso no tiene discusión. ¿Pero para la crisis de Confianza que ha contaminado el tejido social y ha pervertido la moral pública en Sonora?¿Que soluciones de corto plazo tenemos? hay que registrarlo: La crisis-sin duda-, tiene sus orígenes,responsables,nombres y daños. Veamos:

  1. La crisis del Poder Judicial local.

Dice el decreto del ejecutivo publicado en el boletín oficial del 22 de Octubre del 2012: “Que el pasado día 17 de octubre de 2012 el licenciado Max Gutiérrez Cohen concluyó (sic) su trámite administrativo de jubilación (oh!),quedando vacante en consecuencia,el cargo de magistrado propietario de la 5a ponencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado”.(sic)

No se dice que a Gutiérrez Cohen todavía le quedaban dos años de su período como magistrado y eso abonó dudas y sospechas.

A la legislatura saliente le llegó la propuesta del Ejecutivo para nombrar magistrado del Supremo Tribunal de Justicia el mismo día en que se sometió a consideración del Pleno dicho asunto, cuando la reglamentación señala que el orden del día a desahogarse en la sesión, deberán publicarse en la Gaceta Parlamentaria, que cierra la recepción de asuntos a las 12 de la noche del día anterior.

Aquí hubo omisiones costosas para el Estado de derecho, por el conflicto que se generó después por el incumplimiento de los requisitos constitucionales (Art. 95, CPEUM) y la omisión imperdonable de que el nuevo presidente del STJES-en su calidad de nuevo (?) magistrado haya protestado ¡por carta! (sin que exista ley, ni criterio de la Corte que autorice dicho procedimiento,pero si jurisprudencia que lo prohíbe: Tesis:P./J.28/2000) además,violó los artículos 176,177 y 178 de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora y el 115 de la Constitución local que establece: “Rendirán la protesta de ley ante el Congreso del Estado”.

El dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales elaborado para el efecto señaló: “El Congreso del Estado de Sonora resuelve no aprobar el nombramiento de magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que realizara el gobernador del Estado a favor del licenciado Juan Sebastián Sotomayor Tovar, por virtud de lo expuesto en la consideración sexta del presente resolutivo” (es decir; tener fuertes ligas con el PAN, lo cual rompía también con la exigencia de que la decisión para nombrar estuviera libre de compromiso político)… además de que: “el título respectivo tiene una antigüedad de siete años y no de diez años como lo exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 95, fracción III, en relación con el 113 de la Constitución Política del Estado”.

Abruptamente, el gobernador pasó sobre el dictamen del Congreso y mandó publicar con argucias en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el nombramiento de Sotomayor… “Que no habiendo mayor exigencia constitucional (sic) o legal ni expresa, ni tácita, al actualizarse la aprobación tácita (sic) del Congreso del Estado con motivo de que éste no resolvió en el término de tres días, lo procedente es que quede firme el nombramiento del Licenciado Juan Sebastián Sotomayor Tovar, haciéndose necesario en todo caso que tal actualización se publique oficialmente” (¡!).

Muy a su estilo,el Ejecutivo estableció sus propios plazos. La comunicación le llegó al Congreso el jueves y se incluyó en primera lectura. El viernes no hubo sesión y el gobernador contabilizó sábado y domingo para hacer sus propias cuentas sobre los tres días que el Congreso tenía para resolver. ¿Golpe de Estado jurídico al Congreso local? No hay otra forma de entenderlo. ¿Porqué permitieron esa humillación?.

Análisis aparte merece también la inclusión como magistrado del STJ al ex alcalde y diputado local panista Héctor Rubén Espino, a quien originalmente habían designado rector del entonces CESUES (pero que en plena ceremonia se dieron cuenta de que no cumplía con los requisitos). Después lo hicieron subsecretario del Trabajo y al final -sin saber que hacer con él- y sin pizca de experiencia jurídica alguna,lo proponen para que forme parte del Poder Judicial. ¡No se midieron! En esta crisis, la averiguación está abierta, la denuncia ante la autoridad competente también… lo que sigue dependerá en mucho de ustedes.

  1. La Crisis en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En diciembre del 2014, en lo oscurito, sin debate alguno, se aprobó la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, misma que abrogó la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 26 de enero de 1977. Nada tendría de extraordinaria la aprobación si no hubiera ido acompañada por los nombramientos de cuatro de cinco magistrados propietarios contemplados en el artículo 5 del nuevo ordenamiento: Vicente Pacheco, Santiago Encinas, María Carmela Estrella y María Carmen Arvizu, con un agregado en el transitorio cuarto de la ley que dice: “Para efectos de la primera integración del Tribunal, la actual magistrada del Tribunal (Tulita Tapia) continuará en su encargo en su carácter de Magistrada propietaria hasta el día 16 de Septiembre del año 2015, siendo elegible para un nuevo nombramiento en los términos de los artículos 4, 6 y 9 de la presente ley”.

¿Para qué tantos magistrados para una institución que año con año desahoga la misma cantidad de asuntos?.

¿Porqué el El TCA de Sonora es el único en la República que ve asuntos laborales burocráticos?.¡Todos los demás se concentran en asuntos administrativos y fiscales! como debe ser.

El militante del PAN Vicente Pacheco Castañeda, inició el sexenio como subsecretario de Educación Superior. Tiempo después lo enviaron por un año a dirigir el CONALEP y posteriormente entró como magistrado suplente al Supremo Tribunal de Justicia cobrando en otro lado.La llegada de Pacheco como presidente tiene mensaje y es el de proteger cualquier tipo de denuncia que se realice en contra de los que se van. Se repite aquí el caso del Tribunal de Justicia.

Santiago Encinas fue magistrado regional del STJ y tuvo una abrupta salida. demandó su reinstalación y fue indemnizado. A pesar de eso, ahora regresa como magistrado del TCA sin rubor alguno.

María Carmen Estrella,abogada, panista destacada, trabajó en la sindicatura de la capital en los gobiernos de Búrquez,Del Río y Javier Gándara, y en asuntos internos en seguridad pública con ALC.Nada que ver con asuntos de Justicia Administrativa,solo militancia panista.

Carmen Arvizu fue impulsada como consejera electoral por la fracción del PRI en la legislatura pasada y en cuanto tomó posesión negoció su voto a favor del PAN. ¿Quién la propuso en ésta nueva aventura de buscar cargos cómodos y bien remunerados? ¿De que artes se valen estos personajes que sin ideas y mucha ambición brincan de cargo en cargo sin compromiso real con las instituciones?

Tulita Tapia Quijada-respetable por donde se vea- acumula 27 años como presidenta del Tribunal y todo indica que el próximo septiembre optará por su jubilación, su cargo es el que quedará vacante.

El artículo 7 de la ley citada establece que: “Los magistrados durarán en sus cargos 9 años. Durante el ejercicio de sus cargos solo podrán ser removidos en los términos del Título Sexto de la Constitución Política del Estado. Entrarán en funciones a partir de su toma de protesta constitucional, y deberán permanecer en sus cargos hasta que tomen posesión los nuevamente (sic) nombrados”.

¿Saben ustedes por qué se fijaron nueve años de duración?:¡ Porque son los años de servicio que le faltan a uno de los magistrados propuestos para tener derecho a la pensión del gobierno! ¡Que desaseo!

La realidad señores diputados es que el nuevo TCA ha incrementado en más de 300 % la contratación de ayudantes, choferes, secretarios y también en igual proporción el presupuesto de la institución para-con nuevo edificio,muebles, y vehículos- atender los mismos asuntos de cuando solo contaba con una sola magistrada.

¿En que Tribunal que se respete existe una dirección jurídica? En ninguno,nada más en el contencioso de Sonora.

La improvisación y el abuso ha llegado a tal grado que no se cumple en los hechos, con la exigencia del artículo 5 de la nueva ley que establece: “El ingreso y promoción del personal del Tribunal se realizará mediante el sistema de servicio profesional de carrera en el que serán considerados los factores de honestidad, preparación, eficiencia y antigüedad, conforme a las disposiciones del reglamento respectivo”. ¿Qué decir ante esto cuando una de las principales funcionarias,antes de entrar ahí se desempeñaba como organizadora de bodas en Phoenix?, ¿Cómo explicar que uno de los magistrados haya demandado anteriormente al Poder Judicial y después haya sido contratado?, ¿Cómo explicar que una de las magistradas tenga como colaborador al socio del despacho de su pareja?

Señores diputados; Están a tiempo de remediar esos excesos que no solo desprestigian, sino que asquean y enrarecen la relación del poder con el ciudadano harto de estos abusos. La ley se puede reformar para establecer un auténtico Tribunal que realmente garantice justicia administrativa a Sonora, sin las componendas, los arreglos y complicidades que por ahora ahí campean, y que han hundido la justicia administrativa en Sonora.

  1. La crisis en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El actual titular de la CEDH generó expectativas por su juventud. Sin embargo,más tardó en rendir la protesta de ley, que en entregarse a los designios del Poder Ejecutivo estatal para que desde palacio de gobierno se manejara la Comisión como apéndice oficial, apegada en sus funciones al interés del gobierno y de la línea oficial.

Uno de los casos más lamentables se presentó cuando su titular afirmara que había sido “suicidio”, la muerte de María Jesús Llamas Coronado “La China” (que apareciera sin vida en los separos de la PEI en Guaymas), vinculada al plagio de Omar Núñez Caravantes, dirigente del PAN en el municipio, en octubre del 2013. El presidente municipal -inconforme con la versión oficial- acudió ante la CNDH que después de arduas investigaciones determinó que no fue suicidio,sino asesinato, dejando a la Comisión estatal en franco desprestigio y deterioro ante la sociedad sonorense. En diciembre del 2014, -también en lo oscurito- el titular de la CEDH fue ratificado por cuatro años más, dando al traste con la credibilidad del Congreso y de la misma institución que luce dependiente del poder, desacreditada y saturada de parientes de funcionarios del gobierno.

4.-La Crisis en el ISSSTESON

Se trata de uno de los peores atracos administrativos en la historia de Sonora que ustedes deberán atender:¿Cómo sacrificar el patrimonio de los sonorenses para responder financieramente por los actos de corrupción e indolencia de no entregar en tiempo y forma el dinero del fondo de pensiones de la Institución?.La desincorporación de los bienes también se hizo en lo oscurito en esos sospechosos diciembres en que a los señores diputados de la legislatura saliente les daba por recortar el mes de diciembre de 31 a 14 días. El ISSSTESON que tanto presumíamos antes,ahora se encuentra en crisis terminal por el daño que le han hecho en el sexenio que termina.

Como ven. Mucho trabajo para empezar,y también mucha responsabilidad. Entran el 16 de Septiembre al Congreso local,también a la historia de Sonora. De ustedes dependerá,el juicio que al final de su gestión,-esa misma historia- registre, para bien o para mal de nuestra entidad.

bulmarop@gmail.com