Cambio de gobierno: el cuestionario de la crisis

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Por Bulmaro Pacheco

Sonora no ha tenido en su historia una transición política de un gobierno estatal del PAN a uno del PRI. Por eso todo lo que actualmente se vive en esa materia resulta inédito y complejo.

Y no es gratuito. Los niveles de desconfianza, encono y hartazgo de la gente con el gobierno que termina han aumentado notablemente, generando resistencias y un abundante cobro de facturas económicas y políticas a menos de 60 días de que terminen.

Sigue, por ejemplo, la fractura política insalvable entre el gobierno estatal y la población del sur de Sonora por el conflicto del acueducto Independencia. Lejos de amainar, el problema se mantiene latente.

Hay un reclamo de pago de los trabajadores del Congreso del Estado porque no les han pagado completos los salarios de los últimos meses, el gobierno le adeuda 40 millones. Y no es el único problema.

El gobierno que se va despreció siempre el trabajo de los diputados en las dos legislaturas que le tocaron. Por un buen tiempo serán recordadas las crisis provocadas por un pésimo manejo político en temas como la reconducción presupuestal del 2012; el movimiento de los Mal-nacidos por su rechazo al COMUN; el traspiés por el Código Electoral en 2011; y el mal manejo político que derivara en la integración de instancias como el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, en su tiempo, el Consejo Estatal Electoral (antes de la reforma de 2013), donde a algunos de los titulares anteriores los obligaron a salir a cambio de negociaciones poco claras para imponer incondicionales del mismo partido.

Con los presidentes municipales emanados del PRI, la relación en los seis años ha sido -y es- pésima. Les retuvieron recursos para obras, privilegiaron inversiones públicas en los ayuntamientos panistas y en los casos de los alcaldes de Cajeme y Guaymas -además del enfrentamiento político frecuente y las campañas orquestadas de ablandamiento- recibieron el desdén constante del Ejecutivo, que ni siquiera a sus giras de trabajo los invitaba. Frecuentes fueron los desplegados de prensa para reclamar fondos federales para obras y servicios públicos depositados en la Tesorería Estatal que nunca se entregaron a tiempo a los destinatarios.

Por eso, el mensaje político de la gente del sur en la elección del 7 de junio al gobierno estatal y al PAN no pudo ser más contundente. Fue una reacción política y social de intensidad poco conocida en la región, como en los mejores tiempos de la lucha política.

La gente rechazó la manipulación y las dádivas presentes en los dos procesos electorales anteriores. Los operadores oficiales se creyeron en esa costosa táctica y actuaron de igual manera sin percatarse de que las condiciones políticas habían cambiado (no en balde hablan a cada rato de que “los traicionaron”). La gente se dio de baja de los pactos y alianzas políticas celebradas con ellos en elecciones anteriores, porque razonó y se dio cuenta de que solo los utilizaban y después no les cumplían. También entraron en crisis los hechizos liderazgos oficiosos de oropel que a la primera llamada reciclaban lealtades para alquilarse al mejor postor.

La presión social y el hartazgo político terminaron por echar abajo a personajes que en anteriores temporadas políticas lo mismo trabajaban para el PRI que para el PAN o el PRD, a nombre de la “eficacia” electoral y el cumplimiento de contratos de corto plazo con importantes logros económicos. Estos personajes serán seguramente los que más van a extrañar al gobierno que se va, porque se van a quedar sin una jugosa fuente de ingresos y una muy rentable oportunidad de seguir promoviendo a parientes y allegados en cargos públicos estatales.

Sin embargo,los peores casos de abyección política para el anecdotario- que serán recordados por una buena temporada, seguramente serán los relativos tanto al alquiler de diputados de oposición para hacerle mayoría al partido en el poder, como el de la fallida alianza de una parte que intentó sacrificar al PRD estatal a cambio de apoyar al candidato del PAN, y el triste papel que jugara el candidato del Partido Humanista en el último debate entre los candidatos al gobierno, cuando se dedicó a atacar por encargo a la entonces candidata del PRI para tratar de descarrilar su participación.

Ante todo lo anterior y por esas causas no es extraño observar el clima de desconfianza, dudas y resistencias que se presentan alrededor de la entrega-recepción ahora del PAN al PRI, los relevos en el Congreso local y en los 72 ayuntamientos de la entidad.

Ante los plazos y los tiempos de tensión y resistencias políticas en un endeble estado de derecho y teniendo como antecedente inmediato el clima de abusos, atropellos y la rampante corrupción del sexenio que termina, surge el cuestionario de la crisis de expectativas que la gente se hace, previo a la transición. Son preguntas que surgen de la entraña del pueblo mismo y se amplían a través de los mecanismos informales de comunicación: de boca a boca, en las redes sociales, y en las expectativas generadas por el voto a favor del PRI que, contra los pronósticos iniciales tanto del gobierno como del PAN, regresa al poder solo seis años después de haber sido desplazado. Son varias las preguntas que rondan en el ambiente:

¿Irán a meter a la cárcel a los que se van?

No es una pregunta de fácil respuesta. A los que se van no se les acusa de tontos sino de deshonestos. Sí, se hará justicia pero no será el primer día de gobierno. Para juzgarlos se tendrán que utilizar las vías del derecho, el debido proceso y las pruebas contundentes, a menos que se quiera caer en el ridículo efectista de que por la mañana los detengan y por la tarde los suelten. Sería solo simulación en perjuicio de la credibilidad del gobierno.

Se requerirá de tiempo e investigaciones serias y muy profesionales. Algunos señalamientos seguramente provendrán tanto de la denuncia ciudadana como de los procesos de auditoría obligada en toda entrega recepción de los gobiernos. Otros, seguramente se derivarán de los procesos pendientes y en curso, en instancias federales (Conagua,SAT,Profepa etc.). Al perder el poder, es obvio que quienes se irán en septiembre -así como destruyeron la cortina de la presa del rancho de la familia (para eliminar el objeto del delito)- hoy se aplican en tratar de borrar todas las pruebas de irregularidades o desviaciones que los comprometan.

Desde luego, a otros tratarán de echarles la culpa, buscando la creación de chivos expiatorios para que la cuerda -como siempre- se rompa por lo más delgado. La mayoría de los señalados hasta ahora no podrán probar que con sus ingresos de 6 años pudieron haber adquirido las propiedades y las cuentas bancarias que ahora evidencian, presumen y acumulan, lo que se configura en la legislación penal como delitos de enriquecimiento inexplicable (casas, caballerizas, ranchos), peculado (faltantes presupuestales) y cohecho (moches y comisiones por obras), entre otros.

¿Prescriben los delitos de los servidores públicos?

El segundo párrafo del artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años”. (Art. 105 del Código Penal federal).

El mismo texto constitucional consigna en el primer párrafo: “El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el período en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento”.

El párrafo tercero del 108 de la CPEUM señala como delito de los gobernadores de los estados: “el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales”. También se menciona en el 110, segundo párrafo.

El artículo 147 de la Constitución local en el segundo párrafo establece: “también señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones de que se trate. Cuando el hecho fuese grave, la prescripción no será inferior a tres años”.

Los ex gobernadores que en los últimos años han enfrentado procesos y encarcelamiento (Mercado y Agúndez (BCS), Granier (Tabasco), Reinoso (Ags.), entre otros) fueron procesados después de haber dejado el poder. En sus períodos se sabía de los escándalos y corruptelas pero no se contaba con las pruebas suficientes, hasta que fueron relevados del poder y denunciados por los entrantes, o por el gobierno federal.

¿Qué pasará con los casos de Mario Luna, La China y Gisela Peraza?

Al gobierno que se va le queda la enorme huella de los que han sido los casos más sonados en materia de abuso de poder, donde se involucraron funcionarios y el PAN. Algunos de tantos asuntos pendientes que les recordarán a cada rato, sumados al crimen del diputado local Eduardo Castro Luque, en septiembre del 2012.

¿Perdió el PAN o perdió el grupo en el poder?

No se puede desvincular a uno del otro. El grupo en el poder llegó al gobierno a través del PAN y, ya en el gobierno absorbió al partido y lo transformó en una organización incondicional al servicio del gobernador. El votante reaccionó en contra del gobierno a través de su voto contra el PAN por los excesos, la corrupción y el mal gobierno. Por lo tanto, perdió el grupo en el poder que no meditó en arrastrar a su propio partido.

¿Para siempre?

En política, ni victorias ni derrotas son para siempre. Los partidos se pueden recuperar… en mucho por los errores de los gobiernos que los desplazan. Recordemos que en el 2000 al PRI no le faltaron actas de defunción como partido y regresó en 12 años. El PAN recuperó Querétaro seis años después de haber perdido y el PRI ha recuperado Sonora cuando los panistas decían que irían por 18 años en el poder. Son lecciones que ojalá se aprendan. Ahí están los hechos y las preguntas. Que respondan por la historia, su propia historia… lo demás y hasta hoy, solo han sido consecuencias…

bulmarop@gmail.com