Huatabampito: las preguntas de la trama

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¿Es el asunto de las playas de Huatabampito un asunto político?

Desde luego que no. Es el sesgo que le han querido dar para justificarse, los autores de la ilegal compraventa de las playas. Desde la denuncia de casi seis años a la fecha, el caso ha seguido la vía jurídica ante los tribunales, mismos que el pasado 20 de enero declararon el asunto como totalmente concluido, también improcedente una apelación interpuesta por el Ayuntamiento y la empresa compradora y confirmando la sentencia del 4 de marzo del 2014, que anuló la compraventa hecha entonces (2009) y ordena cancelar el registro de los títulos expedidos.

¿Entonces por qué insisten en que se trata de algo político?

Porque los principales involucrados andan en campaña y pretenden distraer a la opinión pública para hacer creer que los señalamientos obedecen a golpeteo en su contra. Se ha demostrado hasta la saciedad que la venta de los terrenos fue una operación a todas luces ilegal, en lo oscuro, mal hecha, corrupta y en perjuicio de la región del Mayo, y todo eso tiene sustento.

¿Será por las fechas de las sentencias que se vea como algo político?

Puede ser; La sentencia del Juzgado Civil fue el 4 de marzo del 2014 y la del Tribunal Colegiado de Circuito se dio el 20 de enero del 2015.

¿Por eso nada más?

Sobre todo la última, porque coincide con la temporada de campañas y tratan de buscarle fondo político, cuando cualquier estudiante de Derecho sabe que los tribunales, los magistrados y los jueces no se guían por temporadas y plazos políticos, sino por la información, las pruebas y las investigaciones que realizan para emitir sus fallos.

¿Por qué entonces hicieron la venta de las playas?

Porque pensaban saldar las deudas del Ayuntamiento saliente con el dinero obtenido con la compraventa. No hay indicios del rumbo que siguieron los 12 millones pagados en agosto del 2009. La administración entrante de Próspero Ibarra no recibió detalles del destino del dinero en los documentos recibidos en el acta de entrega-recepción.

¿Por qué dijeron entonces los funcionarios que se trataba de un acto de promoción para el desarrollo económico de la región?

Lo hicieron para salir del paso y contener el malestar de la gente. Nunca hubo un plan de desarrollo de la región y ni siquiera un programa mínimo de inversiones. ¿Cómo lo iban a tener, si vendieron los terrenos tres semanas antes de entregar la administración? Puro cuento eso de la promoción. Ahora salen con que están esperando la normatividad federal sobre los “planos en donde se delimitan las aguas federales” para decidir, cuando en su gobierno (2006-2009) deberían haber hecho las gestiones para desincorporar de la federación los terrenos en conflicto. En la operación pusieron la carreta por delante del caballo, y ahora quieren corregir mediante evasivas y ataques a quienes han denunciado el caso.

¿Es el mismo grupo político del PAN el que gobernó entre 2006 y 2009  el que actualmente gobierna en Huatabampo?

Sí, es el mismo, con muy ligeros cambios. El actual presidente municipal(Ramón Díaz)) era regidor, el Síndico(Pacheco Alarcón) -por ahora vocero, era director de Obras Públicas-, la principal aspirante hoy a la candidatura municipal (Vásquez) era regidora, y el entonces presidente municipal (Bleizeffer) es ahora candidato a diputado federal. Una desaseada mezcla de concuños, cuñados,sobrinos,tíos, hermanos, primos y otros parientes y cómplices que han visto en el gobierno su aterrizaje vital. El resto de los funcionarios involucrados tienen cargos en la administración estatal,uno  de ellos (Mendívil) ha sido demandado penalmente por la reventa de su lote.

¿Qué representa la resolución del 20 de enero del Primer Tribunal Colegiado Regional del Segundo Circuito del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en Ciudad Obregón?

Rechaza la apelación que el Ayuntamiento de Huatabampo y la representación de la Inmobiliaria CDC hicieran sobre la sentencia de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del distrito judicial de Huatabampo, el 3 de marzo del 2014. El tribunal confirma la sentencia, y declara al caso como asunto totalmente concluido.

¿Quiere decir que no tienen valor los títulos?

Nunca lo han tenido desde que se expidieron, porque la compraventa se hizo ilegalmente, en forma atrabiliaria, con prisas y sin analizar el fondo jurídico y administrativo de la operación de compraventa.

Recordemos que fueron vendidas 155 hectáreas de playa del fundo legal de Yavaros, incluyendo al famoso “puente quemado”, a un ridículo precio: menos de 10 pesos el metro cuadrado.

Inicialmente el ISAF investigó el procedimiento de compraventa y con una constancia de la Secretaría de la Reforma Agraria de marzo del 2010 determinó que dicho terreno era nacional, concluyendo que no podía venderlo el Ayuntamiento, porque nunca se había desincorporado del dominio federal. Ellos alegaron que se trataba del fundo legal de Yavaros amparados en una ley que ya no existía. Además deberían saber que un fundo legal determina límites pero no otorga la propiedad. Se trata de un vicio en el que las administraciones municipales han caído.

¿Hubiera afectado al pueblo el haberse concretado esa venta?

Cálculos conservadores indican que más de 250 mil personas visitan al año las playas de Huatabampito. Son aquellos que forman parte del turismo social, que viajan en sus propios vehículos o de “ride”, llevan lo indispensable, disfrutan con familiares y amigos, conviven, disfrutan de la playa y sus paisajes y regresan a sus casas por la tarde.

De haberse concretado la compraventa de los terrenos, ese gran espacio de convivencia social hubiera sido expropiado a esos miles de turistas regionales y se hubiera perdido en beneficio de un grupo privado que no sabemos lo que pretendían realizar con ellos.

¿Y por qué entonces la obsesión de los vendedores de insistir en la legalidad de la compraventa de los terrenos?

Lo irónico del caso es que cada vez que abordan el tema en los medios, menos se les entiende, más exhiben su ignorancia y más sospechas despiertan. ¿Defienden la privatización de las playas?, ¿están de acuerdo con el despojo de la propiedad nacional ubicada en el municipio para beneficio de particulares?, ¿quieren dejar sin espacio a la gente del pueblo que año con año disfruta de las bellezas naturales del municipio?, ¿a dónde fueron a parar los 12 millones de pesos de la compraventa?

¿Qué quieren entonces?

Aferrarse a una realidad que les es adversa y defender a un grupo político al que le ha afectado social y políticamente la denuncia del caso, por eso hoy   responden a su estilo: tergiversan la realidad, buscan ganar tiempo con sus propias versiones para saltar lo electoral, y gastan mucho en guerra sucia contra adversarios y disidentes de su intención política.

¿Deberán regresar el dinero que los compradores pagaron por los terrenos?

Eso dependerá del reclamo que pudiera realizar la Inmobiliaria CDC, S.A. de C.V. que aparece como compradora de los terrenos y que mediante una apoderada participó en el recurso de apelación realizado el año pasado junto con el Síndico del Ayuntamiento.

¿Por qué dice entonces el actual Síndico del Ayuntamiento que debe ser “la Nación quien los demande” y no los particulares? 

Porque Gustavo Pacheco Alarcón, como director de Obras Públicas fue parte activa, beneficiario, juez y parte de la compraventa en el 2009 y no halla cómo zafarse. Tampoco -por lo que se ve- parece entender jurídicamente el desenlace del caso.

En su prisa por tratar de aclarar, luce apresurado, despistado y sin entender bien.Maneja como político lo que es jurídico, hace señalamientos  a terceros sin pruebas, mezcla su propio interés privado con la función pública y adopta desplantes de perdonavidas y justiciero cursi. Insiste en darle un tinte político al caso para desviar la atención y servirle al grupo político que lo ha promovido a cargos municipales en dos ocasiones.

¿Entonces?

El Síndico cita lo nacional-agotado lo estatal- porque quienes lo enviaron a contestar, lo único que quieren es ganar tiempo a través de recurrir al amparo directo de la justicia federal. Esperar a que pase el proceso electoral, donde la mayoría de ellos son parte interesada, y con temor de que los pueda tocar la irritación ciudadana. Esa afirmación de Pacheco Alarcón de que “la Nación nos lo demande”, es un disparate, una expresión despistada de quien no supo lo que dijo, y ni siquiera tuvo tiempo de leer completa la sentencia del Tribunal antes de opinar a nombre del Ayuntamiento.

¿Ganar tiempo?

Sí, porque saben que jurídicamente perdieron. La justicia federal, escrupulosa como es, en el juicio de amparo que dicen interpondrán, deberá revisar en su oportunidad la sentencia anterior y en este caso, el Ayuntamiento no tiene pruebas contundentes ni argumentos que pudieran provocar la reversión del fallo de la justicia estatal. Sería equivalente a  “tratar de regresar el huevo frito al cascarón”. No se miden.

¿Por eso la prisa por responder? ¿algo temen?

Claro que sí, no tendrán argumentos, ni la forma de justificarse en un tema tan escabroso donde la opinión pública ya los juzga.

Habrá preguntas que no podrán responder sin acudir al lugar común de que “querían el progreso de Huatabampo” porque no lo podrán demostrar. No tienen cómo. Lo peor es que ante la contundencia de las disposiciones jurídicas, ellos acuden a la descalificación -muy a su estilo- de todo lo que se les oponga y les obstruya el hacer negocios desde el poder, como ha sido la marca de la casa de esta nueva generación de panistas.

¿Qué sigue?

La sentencia del tribunal es fulminante: Asunto totalmente concluido. Así, con todas su letras. Lo que hoy vemos es a los acusados -en lugar de aclarar- responder con gatilleros para atacar e intentar descalificar tanto al promotor de la demanda como a quienes denunciaron el caso, y buscan dar la batalla en los medios fingiendo inocencia. Por lo que se refiere a la gente de la región sur de Sonora, cuando menos podrán estar tranquilas porque se anuló la compraventa y podrán disfrutar de las playas a cabalidad y con plena libertad sin limitación alguna.

Este caso ganado representa “una de cal” del pueblo, ante un grupo político que aspira a perpetuarse en el poder y que no ha tenido escrúpulos para confundir la administración pública con el interés privado, que ha hecho de la política un jugoso negocio y lo peor… sin reparar en las consecuencias de sus actos. La justicia tarda… pero finalmente llega. Enhorabuena y muy bien por la juez de Huatabampo y los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Regional del Segundo Circuito.

bulmarop@gmail.com