PAN-PRD: ¿Donde falló el negocio?

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Bulmaro Pacheco
Bulmaro Pacheco

Para justificarlas, Manuel Camacho Solís decía en 2010 que las “alianzas” entre el PAN y el PRD en los estados -aunque contradictorias al tratar de  unir izquierda y derecha en un solo proyecto- deberían servir para disminuir las posibilidades de que el PRI regresara a la presidencia de la República en 2012. En el fondo, el experimentado ex priista y diputado federal -en su tercer partido político el PRD- sondeaba quizá la posibilidad de que con esas alianzas, Marcelo Ebrard pudiera ser el candidato presidencial de varios partidos agrupados en una coalición.

Todavía en el 2011, junto al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, alcanzaron a tejer fino para que Ángel Aguirre, senador del PRI, figurara como candidato de la alianza PAN-PRD en la elección para el gobierno de Guerrero. No fueron ajenos tampoco al proyecto que postulara a Kiko Vega en Baja California en 2013.

Jesús Ortega, entonces dirigente del PRD, justificaba las alianzas como un medio para “impedir el regreso del viejo régimen autocrático y autoritario” (sic),  “trastocar a los encuestadores profesionales que predecían triunfos inminentes del PRI” y “Hacer más competida la elección presidencial del 2012”.

Por su parte, el presidente Felipe Calderón tuvo siempre una fijación especial contra todos los gobernadores del PRI, especialmente los de Coahuila, Puebla, Oaxaca, Durango, Hidalgo y Sinaloa. Calderón atizó y aprovechó las fisuras provocadas en el PRI por las obsesiones y caprichos de algunos gobernadores por imponer a sus propios candidatos.

Calderón operó personalmente el arribo de Mario López Valdez en Sinaloa, Gabino Cué en Oaxaca y Rafael Moreno Valle en Puebla. Todos ex militantes del PRI, para armar con ellos la alianza PAN-PRD y truncarle a los gobernadores del PRI los triunfos.

En esas tres entidades lo logró, más que nada por la vida, obra y fama de cada gobernador, especialmente Oaxaca y Puebla. Trató de impulsar una alianza igual con los Yunes en Veracruz, pero ahí se opuso radicalmente el candidato de las izquierdas Dante Delgado.

También fomentó la alianza en Hidalgo con Xóchitl Gálvez, funcionaria del gobierno de Vicente Fox, y en Durango con el ex priista José Rosas Aispuro.

Calderón se excedió en sus pretensiones  de  imponer candidato del PAN llegando incluso a tratar de forzar la maquinaria panista en la candidatura presidencial dividiendo a su partido. Con esos ejemplos los gobernadores actuales del PAN olvidándose de sus machaconas proclamas democráticas no se han medido en sus intentos de controlar las estructuras partidarias de sus estados con el propósito de imponer sucesores sin injerencias externas, y menos ahora, que no cuentan con un presidente de la República de su mismo partido a quien por una mínima atención tendrían que consultar.

Ante eso, el gobernador de Sonora y cuidando ese flanco, se ha ocupado en trabajar a los dirigentes nacionales del PAN. Desde un principio ha financiado la estancia de panistas locales (funcionarios públicos) en los procesos locales celebrados del 2009 a la fecha, apoyando a su partido. En el pasado reciente, con celebración y todo, se jactaron de influencia y trabajo político de panistas de Sonora en 22 entidades, sin que se sepa de su eficacia e influencia. Sin reparar en gastos, fueron sus tiempos de gloria.

Los apoyos incluyeron operación electoral, encuestas, equipo de cómputo y comisionados territoriales a costa del erario estatal. De eso han sobrado  testimonios y denuncias en los medios de comunicación por parte de los afectados que no tardaron en detectar a los extraños en pleno activismo electoral. Ejemplos abundan.

El panismo de Sonora también cargó con una parte importante de los apoyos para la campaña de reelección de Gustavo Madero en la dirigencia nacional a cambio de aceptar a recomendados del ejecutivo estatal en su equipo de trabajo del comité nacional.

Por eso, y derivado de los antecedentes inmediatos, a muchos sorprendió  el anuncio simultáneo de alianza “total” en Sonora del PRD con el PAN para postular candidatos en la próxima elección de gobernador para abajo.

No cuadraron los argumentos ideológicos de origen esgrimidos por las dirigencias estatales porque la ideología partidista fue lo que menos contó en ese propósito, a pesar del ampuloso documento común que dice sostener los principios de “democracia, humanismo, inclusión, sensibilidad y justicia” (sic). Tampoco han cuadrado las razones políticas que los grupos de interés promotores de la alianza han expresado al conocerse de cerca las relaciones de complicidad sexenal entre el gobierno y ese grupo promotor del PRD.

Ha habido algunas rarezas: Se trata de una alianza pragmática que busca que el partido en el poder en la entidad permanezca. “El modelo Baja California sin el gobierno de Baja California”. No es un proyecto de alianza contra el PRI en el poder sino un contrato político de conveniencia entre una parte del PRD y el PAN con reparto de recursos y posiciones políticas.

Una alianza “total” (aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local a la totalidad de sus candidatos a puestos  de elección popular bajo una misma plataforma electoral) han dicho los promotores.

Tampoco ha sido todo el PRD estatal, sino una fracción de ese partido, que a cambio de prebendas económicas y laborales ya trabajó para el gobernador en turno en la elección del 2009 en contra de su propia candidata Petra Santos Ortiz. Fueron juntos también en la elección del 2012.

Es el mismo grupo que operó también en el congreso local-con pingües ganancias por cierto, para concretarle una mayoría numérica a la bancada del PAN en las dos legislaturas locales de la alternancia.

Lo atípico fue que el grupo perredista planteó aliarse con un candidato a gobernador impuesto por el gobernador saliente. Irónicamente las razones y los mismos argumentos a favor que enarbolaron en las alianzas anteriores  de izquierda-derecha contra los gobernadores del PRI.

Ni democracia interna ni apertura hacia la sociedad, como les gusta a ellos presumir. En ese sentido -y de haberse concretado la alianza- los partidos coaligados sólo hubieran sido convidados de piedra de una decisión política vertical tomada en noviembre del 2012 por el Ejecutivo estatal, a favor del empresario político que lleva ya dos años en campaña con la bendición oficial. Ni siquiera hacen alusión a los procedimientos democráticos elementales para tratar de disfrazar una decisión ya tomada.

Lo irónico es que en Sonora no enfrentarían a un gobierno del PRI para acusarlo y echarle culpas de “autoritarismo y corrupción”, como en su momento sí los enfrentaron con los gobiernos de Mario Marín en Puebla, o Ulises Ruiz en Oaxaca. Las proclamas contra el autoritarismo y la corrupción enarboladas en otras realidades tendrían que aplicársele -la gente les exigiría- como reclamos al propio gobierno que buscarían prolongar en la entidad y ahí se iban a contradecir no tendrían mayor defensa: “La alianza del PRD no es con el gobierno, es con su candidato”, sostuvo el dirigente estatal del PRD (?). ¿Y de cuándo acá el PAN y el gobierno estatal han sido algo diferente? Explicación no pedida… Originalidad del dirigente del PRD con prisas por justificarse en un arreglo de suyo oscuro.

El proyecto de alianza ha dividido de origen a ambos partidos en lo local por tratarse de un proyecto no consensado con la militancia. Fue una decisión de grupo cerrado aterrizada en los arreglos por funcionarios estatales.

Figuras sobresalientes del PAN como David Figueroa, así como Carlos Navarro y Jesús Zambrano del PRD manifestaron su rechazo a la alianza. A ninguno de ellos le cuadró un proyecto de alianza diseñado en lo oscurito y sin la sanción de la dirigencia nacional.

Al hacer las asambleas el mismo día, casi a la misma hora y cerradas, ambos dirigentes evidenciaron el plan urdido en las alturas del Poder Ejecutivo para sacar el proyecto a rajatabla y sin considerar de fondo la opinión de sus dirigencias nacionales. Por eso la opinión del dirigente nacional del PRD Carlos Navarrete no se hizo esperar, tampoco la decisión del Consejo nacional que la rechazó la pretendida alianza de punta a punta.

Los promotores locales del PRD y el PAN actuaron con desconocimiento de lo que establece la nueva Ley General de Partidos Políticos, que en su artículo 89 establece: “En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán: a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados”.

La misma ley, a prueba en la próxima elección, atiende los vacíos de otros ordenamientos y cubre los espacios y las dudas que antes se generaban en las alianzas al no coincidir en ellas las dirigencias estatales con las nacionales. Los partidos nacionales deben ser escrupulosos en toda aquella iniciativa de alianza promovida por sus dirigencias locales. Ningún estatuto partidista puede estar por encima de una ley aprobada por el Congreso.

En su primera elección para gobernador en Sonora el PRD obtuvo el 2.7 % de la votación estatal. En 1997 subió al 23 % y bajó al 6.5 en 2003 y al 3.2 en 2009. De haberse concretado la alianza con el PAN, el PRD hubiera desaparecido prácticamente del escenario estatal.

Hubiera recibido recursos económicos a cambio de desprestigio, expectativas laborales de tercer nivel como en el actual gobierno, y no los hubieran visto como aliados, sino como empleados. ¿Ignoraban eso los promotores?

La exclusión, la impunidad y la corrupción han sido la constante de un partido hecho gobierno en Sonora. Ha sido un régimen cerrado, excluyente y de un proyecto de alianza por conveniencia. De fondo y de súbito, la presumida alianza política hubiera dado paso a un contrato político de compraventa, y de eso, nadie se hubiera salvado. Les hicieron el favor.

bulmarop@gmail.com