La guerra sucia y la ética política

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Bulmaro Pacheco
Bulmaro Pacheco

La guerra sucia utilizada en la política para desacreditar adversarios es tan antigua como controvertidos sus efectos dependiendo del tipo de señalamientos utilizados y la calidad de los destinatarios. El cochinero que se utiliza para desacreditar y sus efectos no dependen de los avances sociales ni del grado de civilidad alcanzado en los diversos medios sociales y políticos donde se practica. Tampoco del grado de desarrollo o progreso de las sociedades, mucho menos de los niveles educativos de los creadores… al contrario. Depende de la ya tan controvertida condición humana en la lucha por el poder, con los derivados de odio, envidias, pasiones, debilidades, intenciones y voluntades, encontradas en las biografías de los aspirantes a determinados cargos administrativos o de representación.

Dependen del tipo de información que los creadores e impulsores de la guerra sucia poseen y del grado de credibilidad percibido en aquellos segmentos de la sociedad a los que va destinada la “guerra sucia”.

Por lo general, los ataques se concentran en aquellos aspectos donde una mayor debilidad pudieran presentar los adversarios, previa y cuidadosamente estudiados por sus atacantes: cuestiones de sexo, vidas privadas, asuntos financieros, antecedentes académicos, estado de salud, litigios penales, corrupción, capacidades probadas y las pifias en el desempeño de responsabilidades si el sujeto de los ataques cuenta con algún antecedente de servicio, entre otras.

En la temporada previa a los procesos electorales los ataques se intensifican y buscan impactar principalmente en la opinión de la gente hacia los aspirantes en los sondeos y encuestas que se realizan en el gobierno, las empresas y los partidos políticos, para definir la viabilidad de los prospectos.

La guerra sucia se utiliza también contra liderazgos con influencia y reconocidos en la sociedad. Francisco I. Madero ha sido uno de los personajes que más la han sufrido en la historia de México. Fue objeto de ataques a su persona desde que se abrió como aspirante a la presidencia de la República para sustituir a Porfirio Díaz. La padeció en peores niveles ya en el poder y, en mucho, esos ataques contribuyeron a su asesinato.

Otro de los que más la padecieron fue el norteamericano líder de los derechos civiles Martín Luther King, en la etapa de mayor intensidad de su lucha por el reconocimiento de los derechos de la gente de color. Con Luther King se llegó incluso al extremo de intrigarlo previamente a su visita al Papa Paulo VI con expedientes sobre su vida privada.

También el ex candidato del PRI Luis Donaldo Colosio la padeció con intensidad antes de ser asesinado en marzo de 1994. De hecho, y al tiempo, se ha reconocido que en mucho esa guerra sucia y los rumores de ese año contribuyeron a crear el clima de confusión, animadversión y confrontación política que derivó en el asesinato del político sonorense en Tijuana.

En los tiempos que corren la guerra sucia está a todo volumen. No sólo como anticipo del proceso electoral del 2015; también como una reedición de otras que ya se han presentado en México desde la época de Lázaro Cárdenas en 1938, o a finales de los gobiernos de Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, o a principios del régimen de Ernesto Zedillo, y ahora a dos años del presidente Enrique Peña Nieto.

Son variadas y abundantes las principales manifestaciones en ese nuevo fenómeno de las redes sociales y, al parecer, hay para todos los gustos. Desde rumores ofensivos, hasta folletería, volantes, cartelones, “spots” y desplegados en publicaciones diversas.

¿Quién responde por los ataques? Si se trata de un aspirante de un partido en contra de sus adversarios, se entiende que algunos de sus partidarios por querer hacer méritos con su candidato apresurarán la guerra sucia para tratar de dañarlo. No será difícil detectar los orígenes si se trata de costosos mecanismos de propaganda y de campañas unificadas en medios.

Aquí lo normal es que sea el gobierno, con intereses en la defensa de su partido (en el poder) o de aspirantes reconocidos por su filiación dispuestos a tratar de repetir los períodos de gobierno.

¿Qué tanto Impacta social y políticamente el ataque derivado de la guerra sucia? ¿Qué tanto daño provocan en la sociedad y en sus destinatarios? Depende de la veracidad de la información y la certeza que esta implique. Por ejemplo, un diario de circulación nacional emprendió en 1995 una campaña en contra del recién nombrado secretario de Educación Pública del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, Fausto Alzati, a quien acusaban de no  poder acreditar el grado de doctor que mencionaba en su hoja curricular. Al poco tiempo Alzati, sin defensa y sin poder responder a las acusaciones, se vio en la necesidad de renunciar a su cargo y cesó la campaña en su contra.

Arturo Montiel, como gobernador del Estado de México, aspiró en 2005 a la candidatura a la presidencia de la República en el PRI. Lo atacaron en la campaña interna para seleccionar al candidato, exhibiéndole manejos financieros de familiares con amplio despliegue en los medios de comunicación. Montiel renunció a sus aspiraciones y la candidatura recayó en su adversario  de la interna priísta Roberto Madrazo, a quien Montiel acusara posteriormente de ser el autor de la campaña de desprestigio. ¿Quién aportó la información para sacar de la carrera al ex gobernador del Estado de México?

Recientemente, Javier Gándara Magaña, aspirante del PAN al gobierno estatal, ha sido denunciado ante la instancia federal correspondiente por manejos financieros poco claros -según consta en la denuncia pública presentada por escrito- en su paso por la presidencia municipal de Hermosillo en el período 2009-2012. Los señalamientos contenidos en la denuncia no pueden ubicarse en la clasificación de guerra sucia, porque han sido presentados públicamente, de frente y ante una autoridad competente, bajo la responsabilidad que han asumido quienes firman, sostienen y defienden los argumentos presentados como pruebas del presunto ilícito.

En este caso no hay nada oscuro ni a escondidas en la denuncia presentada, y seguramente con la voluntad de que las cosas se aclaren y que quien se auto define como empresario socialmente “responsable”, también lo sea en el ámbito “jurídico y moral”, dado que su aspiración es la administración del interés general de los sonorenses desde el gobierno estatal, que no es poca cosa ni algo que pudiera tomarse a la ligera.

Por lo tanto, quienes a cada rato sostienen de que se trata de una guerra sucia en contra de quien aspira a ser gobernador de Sonora, deberían entender que el aspirar a una candidatura no exime a nadie de cumplir con el Derecho, y que si la denuncia es presentada por un partido político adversario, eso no descalifica ni rebaja la calidad de la información contenida en la denuncia, que deberá estar sustentada en pruebas y no en dichos ni en supuestos y a consideración de la autoridad competente, la cual deberá decidir en función de la veracidad de las pruebas.

Se ha abundado en la explicación de que se trata de un proceso legal, apegado al formato que señalan las disposiciones correspondientes, con el propósito de que quien es señalado responsable de presuntas irregularidades pudiera aclarar puntualmente ante la autoridad con sus alegatos en defensa, y combatiendo los señalamientos.

¿Que por venir la denuncia de un partido político adversario le quita credibilidad y peso a las acusaciones? Eso es absurdo. Le da más peso y autoridad el hecho de que sea Natalia Rivera, regidora del actual ayuntamiento de la capital del estado, la que encabece la denuncia porque se trata de alguien que investigó a detalle la información antes.

La gente está harta del clima de impunidad que se respira en un México donde el 95% de los delitos que se denuncian no se castigan.

Quien aspire a administrar el interés público, debe empezar por revisar a fondo sus fortalezas y debilidades y sus responsabilidad en el ámbito público y privado derivada de sus actuaciones anteriores. El político señalado no ha dado la cara ni se conoce aclaración alguna de su parte relativa al caso, dicen que por estrategia política para evitar el desgaste, ¿será?

El otro caso deriva de los extensos desplegados en medios locales y nacionales firmados por un representante del CEN del PAN-de reciente aparición en la entidad- Pedro Chirinos, donde se acusa al director del Registro Agrario Nacional Manuel Ignacio Acosta de irregularidades en los documentos que acreditan su formación académica.

No se le acusa de “usurpación de funciones” ni de malversación de fondos. Tampoco de haber incurrido en responsabilidades en los cargos públicos y de elección popular desempeñados en los últimos años. No. Al no encontrar otros argumentos de mayor peso, sus adversarios se han ido por la vía de su formación académica, desenterrando antecedentes y papeles para tratar de desacreditarlo ante los potenciales votantes de la capital.

Acosta es un político fruto de la cultura del esfuerzo, con fama de honesto y capaz, y un fuerte aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Hermosillo. Ahí se ubica tanto el fondo como la parte importante del origen de los ataques en su contra: aspirar al poder de la capital del estado,donde los azules han estado 15 de los últimos 18 años.

La diferencia entre este y el anterior caso es que contra Acosta no hay denuncia formal ante autoridad competente porque los señalamientos no tienen fondo, sólo ruido mediático y un afán de afectarlo políticamente.

Estos casos, sumados a la intensa campaña por debilitar la capacidad reguladora y de mediación de las autoridades electorales locales con una injerencia desmedida del poder público local a través de un evidente esquirolaje partidista, solo son avisos de las agudas tensiones que viviremos en el proceso electoral de los primeros meses del 2015. Muchos aspiramos a que Sonora sea una excepción en el clima de violencia que ya se vive en otras realidades de México por cuestiones políticas y de seguridad. A como vamos, se corre el riesgo de que nos equivoquemos y entremos también en esa dinámica por que el réferi mayor de la entidad es juez y parte de los procesos políticos. Quita y pone candidatos,quita y pone dirigentes de partido y autoridades electorales…y así no.

Hay notables resistencias a dejar el poder por parte de los que actualmente lo detentan y ahí está el fondo real de la cuestión. Van a hacer todo lo que se les permita por ganar a la “mala”… ¿y lo que no? También.Quien le manda a los habitantes de Sonora el no tener buenos contrapesos,porque Sonora para ellos (el grupo dominante) no ha sido parte del pacto federal…es un virreinato azul, que aspiran a conservar por seis años más. Sin duda.

bulmarop@gmail.com